El nuevo art. 1117 del Código Civil, reformado en
1997, limita la responsabilidad civil de los docentes. Su difusión y
conocimiento es muy reducida y atenta contra la "relativa
tranquilidad" que le tendría que haber otorgado tanto a docentes como directivos
de las instituciones educativas, estando excluídas del alcance de tal artículo
los establecimientos terciarios universitarios.
Con la reforma producida los docentes no obtuvieron
aún, quizá por el desconocimiento, la "tranquilidad" de no responder
con su propio salario o patrimonio, dado que el cambio implica trasladar la
responsabilidad a los propietarios de las escuelas (entiéndase dueños en le
caso de establecimientos privados, y de los gobiernos en el caso de las
escuelas públicas).
En tal sentido, la acusación de negligencia en el
accionar docente, deberá seguir una vía administrativa sumarial, iniciada por
sus superiores.
Además, en la actualidad, quien demande al
propietario de un establecimiento, tendrá la carga de probar la negligencia del
docente, y no como era el sistema anterior a la reforma en la que el docente
debía probar que había obrado con la debida diligencia.
En síntesis, con la reforma se producen dos grandes
cambios:
Reponsable: El actual responsable no es el docente
sino el propietario del establecimiento.
Carga de la Prueba: En la actualidad el que demande
al propietario de un establecimiento, debe probar la negligencia docente,
eliminándose la presunción de culpabilidad que recaía sobre el docente, quien
antes debía probar que había obrado con la diligencia debida.
Si su hijo a sufrido un accidente dentro del establecimiento escolar tiene
derecho a una reparación por su incapacidad.
Todos los Establecimientos escolares tienen un
seguro de responsabilidad civil.
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